Deseo agradecer a los organizadores de este encuentro por la invitación que me han hecho para dirigerles una palabra. Interpreto este honor como un reconocimiento a la política exterior digna, soberana y democrática que lleva adelante el gobierno que dirige el Presidente Rafael Correa en Ecuador.

En primer lugar deseo destacar la importancia que en mi país tiene la activa participación de organizaciones de la sociedad como las que convocan el acto que hoy nos reúne en Kanagawa. Tenemos la población indígena mejor organizados del continente, y su capacidad de movilización llevo a que, desde la década de los ochenta, se les reconozca la propiedad de la tierra, así como derechos políticos y culturales que es habían sido negados desde hace cuatrocientos años.

La combatividad de los sectores populares y su acción pacífica pero decidida provocaron el derrocamiento de varios gobiernos que pretendieron, en la década pasada, imponer un modelo económico neoliberal similar al que se implantó en otros países de la región y resultaron en una mayor concentración de riqueza. El hecho de que los sectores populares encuentren canales de expresión y participación en las calles, es decir, que la democracia funcione, a pesar de sus imperfecciones, tal vez explica porque Ecuador es el único país de Sudamérica donde no han tenido cabida aventuras de lucha armada que han asolado a otros países de la región, ni se han producido masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluso durante los gobiernos militares de los años sesenta y setenta.

La vitalidad de las asociaciones de ciudadanos que se agruparon en defensa de la soberana frente a la injerencia extranjera, la promoción de los derechos de la mujer, el respeto a la naturaleza y la preservación de los recursos naturales en beneficio de la población, permitió que la nueva Constitución Política, aprobada en referéndum el año pasado, sea una de las más avanzadas del mundo en la protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la paz. Así, su artículo 15 determina que Ecuador:
“2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.

4. Promueve la paz”.

El establecimiento, en 1999, de una base militar de los Estados Unidos en la ciudad de Manta alentó la formación de un consenso nacional de rechazo a la existencia de bases militares extranjeras en el Ecuador. Ese consenso fue recogido por el Plan Nacional de Política Exterior 2020, resultado de un amplio proceso de consultas con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Los artículos 5 y 416, num.5 de nuestra Constitución Política consagran la máxima jerarquía normativa a este consenso al señalar:

“Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones  extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.,” y; Art 416.5. (Ecuador condena) la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.

La eliminación total de las armas nucleares, y el libre acceso de todos los países del mundo al uso pacífico de la energía nuclear ha sido un objetivo por el que han trabajado, desde hace décadas, sucesivos gobiernos en Ecuador. La dinámica e invariable acción de la diplomacia ecuatoriana en distintos foros internacionales de desarme, y en especial en el establecimiento de América Latina como la primera región del mundo libre de este tipo de armas consagrado en el Tratado de Taltelolco, llevaron a que los países de la región designen a un ecuatoriano como primer dirigente de la OPANAL, el organismo encargado de velar por el fiel cumplimiento de ese compromiso. Los principios que guiaron tradicionalmente la acción del Ecuador han sido recogidos en su nueva Constitución que, en su artículo 15 determina:

“Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,
importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, …. Así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”

Por su parte, el artículo 416, numeral 4 señala que el Estado: “Promueve…el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva”

La injerencia de las grandes potencias en los asuntos internos de los Estados ha sido una constante histórica. En el caso de América Latina los Estados Unidos han sido recurrente protagonista de dicha injerencia. Con el objetivo de fortalecer su propia capacidad para hacer frente a las nuevas amenazas a su seguridad, los países sudamericanos decidieron, en el marco de la Unión Sudamericana, creada hace un par de años que tiene su sede en Quito, establecer un Consejo de Seguridad y Defensa, que, bajo la presidencia del Ecuador ha acordado durante la reunión celebrada hace pocos días importantes avances para crear medidas de confianza entro los países de la región y varios procedimientos y mecanismos tendientes a favorecer el desarme.

En los últimos meses el Consejo ha manifestado su preocupación por el establecimiento de varias bases militares de los Estados Unidos en Colombia. En la reunión celebrada hace pocos días en Quito UNASUR adoptó medidas para disminuir el riesgo de que dichas bases se constituyan en una amenaza para la región. Los países sudamericanos en reiteradas ocasiones han sostenido que el conflicto colombiano es un asunto interno que debe ser resuelto por los propios colombianos, y que el problema de la producción, consumo y tráfico de drogas y delitos conexos como el lavado de dinero no puede ser resuelto con un enfoque de seguridad que privilegia el uso de medios militares. Estamos seguros que la consolidación de un sistema sudamericano de defensa disminuir a la vulnerabilidad de la región y propiciará la búsqueda de soluciones a los desafíos de seguridad que enfrentamos. Adicionalmente este avance cualitativo de la integración sudamericana contribuirá a limitar los riesgos de injerencia externa en nuestros asuntos internos.

El próximo año se celebrará la conferencia de renovación del Tratado de No Proliferación de armas nucleares. Al igual que en anteriores negociaciones sobre este instrumento internacional, Ecuador insistirá en que se otorgue prioritaria importancia al objetivo último del Tratado que es la erradicación completa de las armas nucleares. No podemos permitir que las potencias nucleares sigan pretendiendo la vigencia sólo las normas que impiden la proliferación, sin avanzar de modo decidido en las negociaciones a las que se comprometieron con el convenio para eliminar sus arsenales. Es este un campo propicio para fortalecer la cooperación entre los pueblos de Ecuador y Japón. Formulo votos porque el movimiento pacifista japonés, que tiene un liderazgo internacional ganado por su entereza al oponerse a la repetición de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, fortalezca sus lazos con la sociedad civil del Ecuador y los otros países aquí presentes y se mantengan vigilantes para que sus gobiernos cumplamos con la obligación que tenemos de impulsar el avance del derecho internacional, de conformidad con la voluntad popular, que de manera clara se pronuncia por la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la soberanía territorial de los Estados y la erradicación definitiva de las armas de destrucción masiva.

MUCHAS GRACIAS.

 

(English Translation)
Special Lecture by H.E. Mr. Javier Ponce, Ambassador of Ecuador to Japan

 

I would like to thank the organizers of this conference for inviting me to join you in this gathering. I understand this honor as recognition of foreign policy of dignity, sovereignty and democracy carried forward by the government under the leadership of President Rafael Correa in Ecuador.

First, I would like to underscore the importance of the participation of social organizations in my country,  just like the ones that are present here in this meeting today in Kanagawa.  We have the indigenous population best organized in the continent, and their mobilization capacity has, since the 1980’s, led to the recognition of their entitlements to land, as well as their political and cultural rights that had been negated for more than 400 years.

Combativeness of popular sectors and their peaceful but decisive action toppled down various governments that had sought during the past decade to impose upon the people a neoliberal economic model, similar to the one introduced in other countries in the region and ended up in more concentration of wealth.  Popular sectors found means of expression and participation in the streets, that is to say, democracy functions despite its defectiveness.  This perhaps explains the reason why Ecuador is the only country in South America that has not fallen into the dangerous armed struggle suffered by other countries in the region, nor has conducted massive and systematic human rights violations even under the military governments in the 1960’s and the 1970’s.

The power of the citizens’ organizations working for the defense of sovereignty from foreign interference, for the promotion of women’s rights, for the respect to the nature, and the preservation of natural resources for the benefit of the people, made the new Political Constitution approved by the referendum last year, the most advanced constitution in the world in terms of the protection of human rights including the right to peace. Article 15 stipulates that Ecuador:

“2. Advocates pacific solution of international controversies and conflicts and rejects the threat or use of force as means of resolving them.
3. Condemns interference by States in other states’ internal affairs, and any form of intervention, either as armed incursion, aggression, occupation, or economic or military blockade.
4. Promote peace.”

The establishment or a military base of the United States in 1999 in Manta City helped to build national consensus on refusal of the existence of foreign military bases in Ecuador.  This consensus was incorporated in the National Plan for Foreign Policy 2020, through a broad process of consultations with all political, economic and social sectors of the country.  In its Article 5 and Article 416 No. 5, our Political Constitution grants the highest normative status to this consensus, saying:

“ Article 5: Ecuador is a territory of peace. It does not permit the establishment of foreign military bases, or foreign installations with military purposes. It prohibits the cession of national military bases to foreign armed forces or security forces,” and
“Article 416 No. 5: 416. (Ecuador) condemns the imposition of bases or installations for military purposes of States in the territory of others.

The total elimination of nuclear weapons and free access of all coutires of the world to the pacific use of nuclear energy have been the objectives of successive governments of Ecuador since decades ago.  Because of the dynamic and invariable action of Ecuadorian diplomacy in different international forums on disarmament, especially in the establisment of Latin America by the Taltelolco Treaty, as the first region of the world free of this type of weapons, countries of this region designated an Ecuadorian as the first leader of an organization called OPANAL, which is a monitaring body for the implementation in good faith of this treaty.  Ecuador’s long-held guiding principles for action have been incorporated in the new Constitution in its Article 15, which determines:

“Development, production, possession, comercialization, import, transpot, stockpile, and use of chemical, biological, and nuclear weapons, … as well as the introduction of nuclear and toxic wastes to national territory.”
   For its part, Article 416 No.4 stipulates that the State “promotes…universal disarmament; condemns development and use of weapons of mass destruction.”

Interference of big powers into internal affairs of States has constantly been repeated in history.  In the case of Latin America, it has always been the United States that carried out such interference.  In order to strengthen theirs own capacity to confront new threats to their security, the South Amerian coutries decided, within the framework of the Union of South American Nations (UNASUR) created two years ago with their head office in Quito, to establish a Security and Defence Council.  In the meeting held just a few days ago under the Ecuadorian presidency, the Council agreed on the important progress for creating measure of confidence between countires of the region, as well as procedures and mechanisms to promote disarmament.

In these past months, the Council has expressed its concern over the establiehment of various US military bases in Colombia.  In the meeting held in Quito a couple of days ago, UNASUR adopted measures so that those bases will not pose threat to the region.  South American countries have on many occasions maintained that the Colombian conflict is an internal affair that should be resolved by Colombians, and that the problem of prduction, consumption, and trafficking of drugs, and all related crimes such as money laundering cannot be settled from the security perspectives that places priority to the use of military means.  We are convinced that the consolidation of a South American defense system will reduce the vulnebility of the region, and favor the search for solutions to the security challenges we face.  In addition, this qualitative advance of the integration of South America will contribute to diminish the danger of outside interference into our internal affairs.

Within a few months, the Non-Nuclear Proliferation Treaty Review Conference will take place.  Just like in the previous negotiations on this international instrument, Ecuador will maintain that it gives top priority to the Treaty’s ultimate goal, that is, complete elimination of nuclear weapons.  We cannot allow that nuclear powers only seek to keep the validity of the norms for preventing proliferation, without taking decisive steps forward in the negotiations to agree on the nuclear weapons convention.  This is the area where peoples of Ecuador and Japan should strengthen cooperation.  Japanese peace movement has been recognized as the intenational leader for its firm resolve in opposition to the repetition of the tragedies of Hiroshima and Okinawa.  I hope that Japan’s peace movement as such will strengthen its ties with civil society of Ecuador and that the two countries remain vigilant so that their governments implement the obligation to promote international law, in accordance with the people’s will, clearly declaring the ban on the use of force in international relations, respect to territorial sovereignty of States, and the complete elimination of weaspons of mass destruction.
Thank you.